Sacyr, Ferrovial y OHL, entre otros grupos, ven imposible rentabilizar los proyectos, en el marco de un plan de infraestructuras del Gobierno colombiano en el que el país prevé invertir alrededor de 16.000 millones de euros.
El macroplan de autopistas de peaje de Colombia, la gran esperanza de la construcción española en Latinoamérica, se ha venido abajo como un castillo de naipes en cuestión de un mes.
Grupos de infraestructuras como Ferrovial, Sacyr, OHL, Isolux y FCC han renunciado a presentar ofertas por los primeros corredores de pago licitados porque, en su opinión, incurrirían en pérdidas millonarias. "En las condiciones actuales es imposible rentabilizar los proyectos. Es una pena", asegura el directivo de una de las empresas españolas afectadas que lleva tres años trabajando en el plan de infraestructuras colombiano.
Colombia lanzó en abril la puja por el primer paquete de nueve autopistas que forman el denominado Plan Cuarta Generación, con el que el país prevé invertir 16.000 millones de euros en 8.000 kilómetros de carreteras.
La expectación era máxima, ya que la convocatoria había atraído la atención de más de cuarenta consorcios nacionales e internacionales, con fuerte presencia española. La realidad es que de los cinco primeros corredores, el Gobierno ha tenido que aplazar tres concursos y, en otras dos autopistas, solo ha recibido dos ofertas de los diez candidatos iniciales.
Entre esas propuestas figura ACS, que se ha aliado con el grupo Corficolombiana, una de las mayores instituciones financieras del país. "ACS disfruta de un socio local inmejorable, por eso ha podido presentar oferta", aseguran desde Bogotá.
Representación europea
No solo cunde el desánimo entre las compañías españolas. Otros gigantes europeos del sector, como la francesa Vinci o la italiana Impregilo, también han trasladado al Gobierno colombiano su renuncia a su plan de autopistas.
Según las fuentes consultadas, las causas del portazo español están relacionadas con los desequilibrios en el reparto de riesgos de los proyectos. "Todo el riesgo geológico es para la concesionaria, el presupuesto de construcción orientativo de la administración resulta insuficiente y las expropiaciones también corren por cuenta del concesionario. Esto hace que bancos y aseguradoras sean muy reacios a financiar, ya que creen que habrá más gastos", señalan los afectados. No hay bancos españoles entre los prestamistas.
Desde las empresas españolas subrayan que no pretenden echar ningún pulso a las autoridades locales. "Sencillamente es que, después de años trabajando en los proyectos, desplazando personal propio e invirtiendo cientos de miles de euros en la elaboración de estudios y en la búsqueda de socios locales y de financiación, hemos concluido que los números no cuadran".
Al riesgo regulatorio se suma el factor político, ya que Colombia se encuentra en plena campaña electoral.
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